Morelos: entre la violencia y el
bonapartismo
Alejandro
Encinas Rodríguez
El
Universal
Martes,
12 Enero 2016
El cobarde asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Morelos,
Gisela Mota, a escasas horas de haber asumido su encargo, ha puesto en
evidencia el nivel de violencia e inseguridad que prevalece en esa entidad, que
sistemáticamente se pretende minimizar.
De acuerdo con la Fiscalía General del estado, en los primeros once
meses de 2015, los homicidios se incrementaron siete por ciento respecto al
mismo periodo del año anterior, lo que significa que, en promedio, fueron
asesinadas más de 40 personas al mes en dicho estado.
Al mismo tiempo, este hecho condenable ha dado visibilidad a la
presencia de grupos delictivos que se disputan el control de la entidad, así
como del nivel de confrontación del gobernador Graco Ramírez con algunos de los
alcaldes entrantes, particularmente con el de Cuernavaca, así como a la
inconformidad de la sociedad que no vacila en calificar la estrategia de
combate a la delincuencia como “palos de ciego”.
La confrontación con el alcalde de Cuernavaca -quien se negó a suscribir
el convenio de mando único- ha llegado al extremo, primero, de que la Comisión
de Seguridad de Morelos desarmara a la policía municipal y retirara patrullas y
equipos destinados a la protección de los habitantes de la capital del estado,
y posteriormente a que el gobernador hiciera una delicada acusación respecto a
que detrás de Cuauhtémoc Blanco, hay gente interesada en que los grupos
criminales vuelvan a tomar el control de la plaza, señalando al titular de la
policía municipal, Carlos de la Rosa Segura; al secretario del ayuntamiento,
Roberto Yáñez Moreno; al diputado local, Julio Yáñez Moreno, y a Federico
Figueroa, hermano del fallecido cantante Joan Sebastian, quienes
presumiblemente, dijo, tienen vínculos con el Cártel Guerreros Unidos.
Ramírez Abreu afirmó además, que el crimen de la alcaldesa de Temixco
fue ordenado por Santiago Mazarí, “El Carrete”, y que se han abierto diversas
líneas de investigación sobre este crimen, que incluyen al círculo político y
familiar de la víctima, al ex presidente municipal Miguel Colín y a la suplente
de la alcaldesa, Irma Camacho, ambos cercanos al senador Fidel Demédicis, quien
junto con otros perredistas han exigido su renuncia.
Para enrarecer más el clima político en Morelos, el pasado 3 de enero,
en contravención a lo dispuesto por la Constitución Política del país, que
confiere al municipio las tareas de seguridad pública, el ejecutivo estatal,
alegando la negativa de las nuevas autoridades municipales para ratificar el
convenio de mando único, emitió sendos decretos mediante los cuales el
gobernador del estado asume de manera inmediata y temporal, el mando
policial en 15 municipios de Morelos, “como un caso de fuerza mayor ante
las alteraciones graves al orden público suscitadas a recientes fechas”, respecto
a lo cual, con la modestia que lo caracteriza y en un desplante propio del
bonapartismo, el gobernador declaró: “El mando único lo empecé sin permiso de
nadie”.
El bonapartismo se entiende como el gobierno autoritario que surge en
circunstancias de desorden social y de pugna de poderes, cuando el parlamento
queda subordinado al ejecutivo, y su titular asume facultades extraordinarias
para imponer el orden y promover después su legitimación. Su antecedente
histórico fue el golpe de Estado promovido por Luis Bonaparte en 1851, que
disolvió la Asamblea Nacional, detuvo a los dirigentes de los partidos de
oposición y convocó un plebiscito para “legitimar” el restablecimiento del
imperio y proclamarse emperador. Napoleón “le petit”, lo llamó Víctor Hugo; “El
hombre más insignificante del mundo, acompañado de soldados descontentos”, lo
llamó Marx en El XVIII Brumario de Luis Bonaparte.
Más allá del recuento de agravios, lo cierto es que ni la soberbia del
ejecutivo local ni la intransigencia de su contraparte municipal, van a superar
la inseguridad y la presencia de grupos delictivos en el estado. Se requiere la
coordinación y colaboración entre los diferentes órdenes de gobierno y actuar
con seriedad. Si se tienen pruebas de vínculos de alguna autoridad con el
crimen, es inaceptable hacer una denuncia pública sin proceder legalmente, como
lo es también el uso político de los cuerpos de seguridad y de los recursos
asignados para la seguridad de los ciudadanos por diferendos entre autoridades.
Lo que pone en entredicho el mando único, pues demuestra, como he sostenido,
que el que tiene el mando manda. (Senador de la República)
