Alejandro Encinas. Foto: Octavio Gómez
No puede
solaparse la impunidad al cobijo del Ejército y la Armada: Encinas
Alejandro Encinas, quien a
partir del próximo 1 de diciembre será subsecretario de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, advierte que habrá un “cambio de paradigma en la
relación de las Fuerzas Armadas en el país”. El propósito es terminar con la
impunidad de las tropas que hayan cometido abusos contra la población. Su
principal compromiso, dice en entrevista con Proceso, es crear una Comisión de la
Verdad y resolver los casos más emblemáticos heredados de la administración de
Enrique Peña Nieto: Tlatlaya y Ayotzinapa.
CIUDAD DE MÉXICO
(Proceso).- El viernes 24, casi al mismo tiempo en que el encargado de
garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos de los mexicanos,
Alejandro Encinas Rodríguez, habló de la responsabilidad que le delegó Andrés
Manuel López Obrador, éste anunció que los elementos castrenses en funciones de
seguridad pública durante los últimos 12 años seguirán en las calles.
Entrevistado en su oficina del Senado, Encinas habla de la herencia del
gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos. Los casos de
Tlatlaya y Ayotzinapa, dice, son emblemáticos, pues varios de los militares
implicados no han sido sancionados.
Cuestionar a
un militar no va en demérito de la institución castrense, aclara, y apunta:
“Ese prurito es absurdo; en el fondo es encubrimiento”, comenta.
Encinas es uno
de los poco colabores de López Obrador que no pasó por el PRI. Comenzó su
militancia en el Partido Comunista Mexicano.
Señala que la
práctica de las Fuerzas Armadas de acuerparse frente a señalamientos de graves
violaciones a derechos humanos se remonta al menos a la época del homicidio del
líder campesino Rubén Jaramillo y su familia, la matanza de Tlatelolco en 1968,
las desapariciones forzadas de la Guerra Sucia y las represiones a los
movimientos obreros.
“Siempre se
vio esa intervención del Ejército como una intervención institucional y no como
una responsabilidad del presidente”, destaca Encinas. Recuerda: en los años de
control férreo del PRI, la actuación de las Fuerzas Armadas respondía al
cumplimiento “de la orden del jefe máximo”; al menos así sucedió durante la
represión estudiantil en 1968, cuando el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz
“asumió personalmente la responsabilidad política, histórica y jurídica”.
Considera que
en años recientes se ha malentendido la defensa de la institución castrense al
proteger a elementos que han fallado. Y sentencia: “Ni el Ejército ni la Marina
tienen por qué asumir como institución los errores o los abusos que cometen sus
elementos… No tienen por qué encubrir una responsabilidad en una malentendida
defensa de la institución”.
(Fragmento de la
entrevista publicada en Proceso 2182, ya en circulación).
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