5 de noviembre de 2024
Chapultepec
bajo asedio
Alejandro
Encinas Rodríguez
El
Universal
Es preocupante que una autoridad judicial pretenda dañar uno
de los espacios emblemáticos de la ciudad
La reforma al Poder Judicial ha sacudido los
cimientos de este poder intocado, hasta ahora, poniendo en evidencia su
anquilosamiento y descomposición.
Mas allá de los desfiguros de sus integrantes o de la bien
calculada renuncia de la mayoría de las ministras y ministros
respecto a sus emolumentos económicos de retiro, la situación que atraviesa la Suprema
Corte de la Nación bien podría sintetizare en la intervención de la
ministra Margarita Ríos Farjat, quien en un Foro Internacional al
que convocó la misma Corte en el mes de agosto, admitió que existe corrupción en
el Poder Judicial: “Claro que existe corrupción porque es una institución
humana,… y de la materia y calidad de la sociedad será la materia y calidad de
las instituciones en tanto humanas”. O sea, de acuerdo con la
ministra, la corrupción es inherente a la condición humana y
de ello es responsable la sociedad.
Este problema se manifiesta en todos los ámbitos judiciales y
administrativos. Un caso representativo de esta situación es la resolución que
emitió el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa con sede en la
Ciudad de México, David Rodríguez Mata, en perjuicio de los
derechos fundamentales de las y los capitalinos, al ordenar al Congreso
de la Ciudad de México que apruebe, indebidamente, un cambio de uso de
suelo para edificar vivienda dentro de la tercera sección del Bosque de
Chapultepec en favor de una empresa inmobiliaria, en un predio de
4,800 m2, ubicado en la calle Montes Apalaches 525.
Es preocupante que una autoridad judicial, en una flagrante
extralimitación de funciones, pretenda dañar uno de los espacios
emblemáticos de la ciudad, pasando por alto el interés público y la
protección al patrimonio histórico y cultural, contraviniendo arbitrariamente
la normatividad del órgano legislativo, ya que, como es sabido, las
modificaciones al uso de suelo que puede autorizar el Congreso deben cumplir
una estricta normatividad que implica desde la presentación,
en su caso, de una iniciativa ciudadana por parte de la empresa y/o sus
representantes, o del propio Gobierno de la Ciudad, la cual debe ser valorada y
dictaminada por diferentes instancias del gobierno central (Secretarías de
Gestión Integral del Agua, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil,
de Medio Ambiente, de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación
Metropolitana, así como la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento
Territorial) y de la Alcaldía, en este caso, Miguel Hidalgo, así
como por los integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria de la
Ciudad de México (Copacos).
Una vez obtenidos estos dictámenes, la Comisión de
Ordenamiento Territorial del Congreso los procesa y emite a una opinión al
respecto. Si ésta es positiva, debe pasar al Pleno del Congreso para ser
votada. Si el voto de la mayoría de los integrantes del Congreso es positivo,
se otorga el cambio de uso de suelo. En caso de una votación
negativa, ya sea de la Comisión de Ordenamiento Territorial, o del Pleno, el
cambio de uso de suelo es negado.
El Juez David Rodríguez Mata, busca eludir este procedimiento
a sabiendas de su improcedencia, amagando a las y los
representantes populares de ser removidos de su cargo en caso de desacato a su
resolución, en una clara muestra del absurdo que representa una inminente
extorsión judicial a los integrantes del Congreso de la Ciudad.
Estoy convencido de que los integrantes del Congreso de la
Ciudad de México darán una respuesta contundente a este exceso y garantizarán
la protección los derechos humanos que se contemplan en la
Constitución Política de la Ciudad de México, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales imperantes en
defensa de las áreas naturales protegidas y de alto valor ambiental;
para la protección de nuestro patrimonio histórico y cultural, así como para
garantizar el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la ciudad, y lograr
una adecuada planeación y ordenamiento territorial en la
Ciudad de México.
Secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y
Coordinación Metropolitana de la CDMX
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