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“La Constitución ordena la separación clara entre el Ejército y la política. Cuando se rompe esa frontera se presentan excesos, como los ocurridos durante la guerra sucia en los años 70; entonces el Ejército se convirtió en instrumento de combate contra la disidencia política”.

Alejandro Encinas Rodríguez
Coordinador de los diputados del PRD
LXI Legislatura


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Punto de acuerdo en relación al conflicto entre Grupo MVS y la comunicadora Carmen Aristegui.



Jueves, 26 Marzo 2015

Quien suscribe, Alejandro Encinas Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95; 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN EN RELACIÓN CON EL CONFLICTO ENTRE GRUPO MVS Y LA COMUNICADORA CARMEN ARISTEGUI, al tenor de las siguientes:


CONSIDERACIONES


Dentro de los escándalos de conflicto de interés con mayor repercusión a nivel internacional y ejemplo de total impunidad o responsabilidad ante la Ley, es el caso de la Casa Blanca y las acusaciones sobre una red de prostitución de Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI-DF.

Ambos se caracterizaron porque a pesar de las pruebas escritas, videos e investigaciones, fruto de un nuevo tipo de periodismo de investigación encabezado por Carmen Aristegui y su Unidad de Investigación; en los últimos meses se convirtieron en una plataforma de denuncia a la irresponsabilidad y excesos de poder político en México.

La labor de Carmen Aristegui y su Unidad de Investigación no se limitó a un esfuerzo individual de crítica ante el régimen, sino a la construcción de un nuevo tipo de periodismo de participación ciudadana, al establecer alianzas con redes sociales y organizaciones mundiales para otorgarle al periodismo transitar a una nueva era de libertad de expresión, como fue el anuncio el pasado miércoles 11 de marzo de 2015, la promoción de una plataforma de Méxicoleaks para denuncias ciudadanas.

Sorpresivamente y con una sobrerreacción por parte del Grupo MVS, no solo cuestionó la autoridad de la conductora en comento, respecto a su alianza con Méxicoleaks, sino que el 12 de marzo despidió a Daniel Lizárraga, coordinador de la Unidad de Investigación del equipo de Aristegui, junto con el reportero Irving Huerta, responsables de la investigación de la Casa Blanca de la familia presidencial y del reportaje sobre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Al respecto, Grupo MVS, que encabeza Joaquín Vargas difundió esa tarde un comunicado en que informa del doble despido. “Como parte de las medidas pertinentes que está tomando la empresa, para evitar el uso indebido de nuestros recursos humanos, tecnológicos, y materiales, el día de hoy dos reporteros, adscritos a la unidad de investigaciones especiales de Noticias MVS fueron separados por pérdida de confianza. La decisión, obedece a que la empresa tiene razones suficientes, que han ocasionado la pérdida de nuestra confianza en ambos reporteros.

“Como lo hemos venido señalando desde el día 10 de marzo, la plataforma Méxicoleaks no es el problema, pero comprometer recursos y marcas de la empresa, sin el conocimiento y autorización de la administración de MVS Radio, es inadmisible e inaceptable. Lamentamos, vernos obligados a tomar este tipo de decisiones. Pero como empresa, no podemos permitir abusos por parte de nuestros colaboradores. Exhortamos a todos nuestros conductores y colaboradores a seguir trabajando, con responsabilidad, para mantener el liderazgo de nuestros servicios informativos”. MVS acusó ayer miércoles a Carmen Aristegui de “abuso de confianza”, en desplegados publicados en diarios y en los propios espacios de la barra comercial del noticiero. El motivo: participar con la marca “Noticias MVS” en una alianza de medios para lanzar la plataforma digital Méxicoleaks “sin la autorización expresa de los propietarios”.

Adicionalmente, el Grupo MVS emitió unilateralmente nuevas directrices que modificaron el contrato original con la reportera, de acuerdo al ombudsman de MVS Radio, Gabriel Sosa Plata, dio a conocer que dicha empresa aplicará nuevos lineamientos desde el lunes 16 de marzo que “modifican unilateralmente las condiciones del contrato y acuerdo firmado el primero de enero de 1999 con la periodista Carmen Aristegui y no son producto de una acción consensuada” ni que la defensoría a su cargo fuera consultada.1 El actual contrato de Carmen Aristegui, con Noticias MVS, en el Anexo B “sobre política editorial y reglas de conducta ética”, se establece una serie de lineamientos, entre los cuales destaca que ‘los titulares de cada una de las emisiones serán responsables finales del contenido y dinámica de sus espacios”, quienes “desarrollarán su tarea en un pleno ejercicio de libertad de expresión”. Es decir, con base en este Acuerdo, Carmen Aristegui tiene la decisión última respecto del contenido de su espacio informativo, aunque más adelante, en la parte relativa al Comité Editorial se afirma que “el contenido y la política editorial de las distintas emisiones de Noticias MVS es responsabilidad de conductores y empresa”. De acuerdo a la declaración de Gabriel Sosa, hasta el momento, este modelo de contrato no lo tienen los periodistas Luis Cárdenas, Ezra Shabot ni Alejandro Cacho. Los nuevos lineamientos modifican unilateralmente las condiciones del contrato y acuerdo firmado el primero de enero de 1999 con la periodista Carmen Aristegui y no son producto de una acción consensuada, como se hizo con el documento precedente, lo que tiene consecuencias jurídicas que esta defensoría no tiene facultades de analizar. De acuerdo al defensor de MVS los lineamientos estarían imponiendo condiciones no contempladas en el acuerdo en lo particular con la periodista y en lo general con los conductores, imponiendo de forma unilateral un conjunto de obligaciones que a consideración de la defensoría “parece una grave omisión, contraria a la Constitución y diversas leyes”.

Finalmente, el Grupo MVS en la noche del 15 de marzo de 2015, MVS Radio dio por terminada la relación de trabajo que tenía con la periodista Carmen Aristegui debido a que 1MVS modifica unilateralmente contrato a Carmen Aristegui, advierte ombudsman, 15 de marzo, Redacción Revista Proceso. Sitio de internet:http://www.proceso.com.mx/?p=398538, la empresa no aceptó la condición que puso la conductora de reinstalar a dos colaboradores, señalados por haber comprometido el nombre de la compañía, sin contar con facultades para hacerlo. A través de un comunicado, la empresa lamentó la posición de la conductora y destacó que el diálogo no se "atiende imponiendo condiciones sino escuchando a las partes y tratando de alcanzar acuerdos… no podemos permitir que alguno de nuestros colaboradores pretenda privilegios en menoscabo de sus compañeros y mucho menos que pretenda imponer a la administración condiciones y ultimatos".


El caso de Carmen Aristegui y la Unidad de Investigaciones Especiales, no puede ubicarse solamente como un litigio de carácter laboral, por la naturaleza y las implicaciones de su trabajo periodístico que le ha valido distinciones nacionales e internacionales, sino que parece representar una actitud autoritaria contra las personas que critican y emiten opiniones no del agrado de altos funcionarios y personajes políticos.

Recordemos que anteriormente el Grupo MVS ya había sucumbido ante la presión del Ejecutivo Federal en los tiempos de Calderón, y que el contrato de su reinstalación protegía su libertad periodística, el liderazgo internacional que asumió Noticias MVS con los reportajes de investigación como fue el caso de la Casa Blanca -que afectó directamente a la figura presidencial-, el caso Tlatlaya -en materia de violación de derechos humanos por parte del Ejército- o la acusación sobre una red de prostitución en el D.F. – dirigido por el ex líder del PRI capitalino-, le dio un aliento al periodismo mexicano en tiempos donde el régimen político no cuenta con contrapesos para contenerse.

La actuación y la forma con las que se justifica el despido de la periodistas Carmen Aristegui, es un mensaje para la comunidad periodística e intelectual en México, quien atente contra el poder, se arriesga no solo a ser despedido sino a dañar su credibilidad y reputación, así como quedar sin protección frente a litigios iniciados por sus investigaciones ante las autoridades y los acusados.

Este hecho no es aislado, el ejercicio del periodismo en México es considerado como uno de los lugares más peligrosos a nivel internacional, el asesinato, secuestro, intimidación y amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión; considerando las circunstancias y la forma en que se rescinde el despido de Carmen Aristegui, poco o nada abona al clima de desconfianza que impera en México.

El Senado de la República está obligado a pronunciarse por el respeto irrestricto a la libertad de expresión en los medios de comunicación como una condición necesaria para la construcción de un régimen democrático y la protección de las libertades individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el reconocimiento de este derecho es el resultado de una larga lucha contra las practicas más obscuras y de control de los regímenes autoritarios, que utilizaron la censura como forma de control de voces disidentes y críticas del ejercicio del Poder, hoy es responsabilidad de esta Cámara Alta velar que bajo ninguna circunstancia, decisión unilateral o incomodidad del poder político se atente contra la libertad de expresión, la integridad física o moral de los reporteros, comunicadores o a la comunidad en su conjunto.
Es así que, por lo expuesto y fundado, solicito a esta Asamblea se apruebe como de Urgente Resolución el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República se pronuncie públicamente por el respeto irrestricto a la libertad de expresión en los medios de comunicación como una condición necesaria para la construcción de régimen democrático y la protección de las libertades individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo tanto se atienda el derechos de las audiencias ante el despido de la reportera Carmen Aristegui y de dos integrantes de la Unidad de investigaciones especiales integrado por su Coordinador Daniel Lizárraga y del reportero Irving Huerta, de la primera emisión de noticias de Radio MVS.

Dado en el Senado de la República a los dieciocho días del mes de marzo de 2015.



SUSCRIBE



Senador Alejandro Encinas Rodríguez




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La ruta para el desahogo de las iniciativas del Ejecutivo en materia de Seguridad Pública será a través de grupos de trabajo integrados por las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras y por los senadores interesados en participar en la redacción.


Miércoles, 25 Marzo 2015

El senador Alejandro Encinas Rodríguez, durante la reunión de Puntos Constitucionales; de Justicia de gobernación; del Federalismo; de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Segunda, en donde se discutió el dictamen de la reforma en materia de seguridad y justicia del presidente Enrique Peña Nieto, informó que la dictaminación de las iniciativas del Ejecutivo en materia de Seguridad Pública contemplarán todas las iniciativas presentadas por legisladores que se tienen en la materia.

Detalló que la ruta para el desahogo de las mismas será a través de grupos de trabajo integrados por las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras y por los senadores interesados en participar en la redacción del proyecto que se presentará para la aprobación en comisiones.


Por último, el legislador por el Estado de México señaló que hay cuatro temas generales a partir de los cuales se analizarán todas las iniciativas que estén vinculadas y también se considerarán otros documentos como la propuesta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que hizo en la materia.



REUNION CORRUPCION


No estamos dispuestos a entrar a un trueque o mercado legislativo: Encinas Rodríguez

Martes, 24 Marzo 2015

Durante la reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana y Estudios Legislativos Segunda,  en donde se discute las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción enviadas por la Cámara de Diputados, el senador Alejandro Encinas Rodríguez afirmó que la corrupción es uno de los principales males que ha corrompido la vida pública del país y realizó  tres observaciones  para la discusión del dictamen.

En la primera observación, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda externó que no comparten que se establezca un régimen de excepción ni de privilegio al ejecutivo federal, toda vez que es el único servidor público al que se le otorga inmunidad respecto de esta legislación, por lo que la legislación no puede conocer de régimen de excepción para ningún ciudadano y  menos para quien tiene la mayor responsabilidad en la función pública de este país.

Manifestó que no es una discusión nueva, ya que anteriormente se ha planteado con la necesidad de eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, sin embargo, destacó que el fuero se limite única y estrictamente a la libertad de expresión.
En el caso de la no prescripción del delito de actos de corrupción señaló que han planteado la necesidad de establecer en la legislación la prescripción del dominio de los bienes obtenidos por funcionarios públicos derivados de actos de corrupción, es decir, que no haya ni régimen de excepción, ni prescripción del delito, pero si establecer la extinción de dominio sobre bienes obtenidos con  dinero de procedencia ilícita que no solo tiene que ver con la droga sino con los actos de corrupción o abusos de autoridad.
Por último al referirse a las declaraciones que han hecho algunos diputados federales sobre la aprobación de la minuta del Sistema Nacional Anticorrupción  a cambio de la minuta en materia de Transparencia y Acceso a la Información que fue enviada a la Cámara de Diputados, el senador Alejandro Encinas dejó en claro que cada una de las Cámaras debe cumplir plenamente con su función como Cámara revisora, por lo que de ninguna manera estarían dispuestos a entrar a un trueque o mercado legislativo de una iniciativa por otra.



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Volver al autoritarismo
Alejandro Encinas Rodrígez
El Universal

El despido arbitrario de Carmen Aristegui del noticiario más escuchado en la radio nacional, no puede verse de manera aislada. Menos cuando el Estado mexicano enfrenta una crisis sin precedente.

Se trata no sólo de la pérdida de credibilidad en el conjunto de las instituciones públicas y de los órganos de representación, sino de la degradación ética de la vida pública, en la que predomina la corrupción, la impunidad y el abuso de una autoridad que ha puesto el gobierno al servicio de los negocios, favoreciendo a empresas –como Higa y OHL- a cambio de prebendas materializadas en las fastuosas residencias en las Lomas de Chapultepec, Malinalco e Ixtapan de la Sal.

Son innumerables los hechos que dan cuenta de ello: la violación recurrente a los derechos humanos y su cruda expresión en la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, las fosas de San Fernando y Cadereyta, los feminicidios y agravios a los migrantes centroamericanos. La criminalización de la protesta social y la persecución a la tribu Yaqui, a los jornaleros agrícolas en San Quintín o a los pueblos originarios en la Sierra Norte de Puebla.

A ello se suma el vacío de autoridad y el empoderamiento de la delincuencia organizada en vastas regiones del país, así como un escenario económico adverso que, tras la caída de los precios del petróleo, ha colocado al país al borde de la recesión, lo que profundizará la pobreza y la desigualdad, mientras la Auditoria Superior de la Federación ha puesto en evidencia la corrupción en la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Asociación Nacional de Banqueros festina que los bancos privatizados se encuentran en uno de sus mejores momentos.

El despido de Carmen Aristegui se suma a esta lista de agravios y es muestra de la arrogancia gubernamental a la que poco importa el costo que deba asumir. El golpe a la periodista viola principios constitucionales fundamentales: la libertad de expresión y manifestación de las ideas; el derecho a la información; el derecho de réplica y, destacadamente, el derecho de la audiencia.

El espectro radioeléctrico es un bien de la Nación. Se trata de un bien y un servicio de interés público, que se concesiona a particulares para cumplir con dichos objetivos. Los concesionarios son propietarios sólo de los equipos con los que operan y obtienen enormes ganancias, pero deben apegarse a las normas constitucionales y a los términos a partir de los cuales el Estado les otorga una concesión.

Por ello, el conflicto entre MVS y Aristegui no es un litigio entre particulares. El Estado está obligado a garantizar los principios constitucionales que he señalado, en especial, el derecho de las audiencias que exigen la permanencia de un noticiario que alcanza el 50 por ciento de los radioescuchas.

Estamos ante el peor escenario que el país haya enfrentado en décadas. Un Estado en crisis, entregado a los intereses de los consorcios trasnacionales y subordinado a los poderes fácticos que imponen su agenda, cuya debilidad y ambición por mantenerse el poder lo inducen hacia una salida autoritaria a la crisis que enfrenta.

El Ejecutivo Federal ha asumido como una afrenta política y personal la denuncia sobre la Casa Blanca y los beneficios obtenidos por un puñado de empresas desde la gestión del actual Presidente como gobernador del Estado de México, y ha decido dar un escarmiento. Permitirlo representaría además de una grave regresión democrática, volver a un pasado donde una autoridad sin escrúpulos se impone a la sociedad a través de los medios al alcance del Estado. Es nuestra responsabilidad impedirlo.

Senador de la República


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Hago un llamado al Gobernador del Estado de México Eruviel Ávila Villegas, para que suspenda la distribución de La Tarjeta “La Efectiva” ya que ha quedado demostrado su uso electoral: Encinas Rodríguez.



El senador Alejandro Encinas Rodríguez recordó que la tarjeta “La Efectiva” se promociono por parte del PRI en la campaña electoral de 2011, la cual prometía el acceso a dos programas sociales de los ofrecidos por el Gobierno de la entidad y que al paso del tiempo se diluyo la promesa hecha a los mexiquenses.
El senador por el estado de México mencionó que cifras dadas a conocer por el Gobierno del Estado de México, hablan de 1 millón 500 personas que conformaba el padrón en 2011, de esos solo quedaron 1 millón 200 mil registros cotejados y validados, de los cuales el 63% de los registros ya contaba con acceso a un programa social y el 37% restante, podría tener acceso a dos programas sociales.
Destacó que un año después, y ya como Gobernador Eruviel Ávila Villegas, entregó 500 tarjeta a adultos mayores, y con esa entrega la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad, dio por cumplido el compromiso de campaña.
De igual forma, señaló que ahora en 2015, año electoral, Eruviel Ávila Villegas Gobernador del Estado de México, ofrece de nueva cuenta apoyos a través de la distribución de la tarjeta “La Efectiva”, con un claro uso electoral, en esta ocasión se ofrece el apoyo de 130 pesos para útiles escolares a alumnos de primaria y secundaria, así como, un seguro escolar, todo esto a tres meses de que concluya el ciclo escolar.
Según las autoridades de la entidad, en el programa de útiles escolares se invertirá 448 millones de pesos y en el del seguro escolar 35 millones de pesos.
Otro programa que se está ofreciendo a través de la tarjeta “La Efectiva”, y según las autoridades con una inversión de 110 millones de pesos, es el ofrecimiento de 2,750 pesos a Mujeres de alta y muy alta marginalidad en cinco disposiciones de 550 pesos, todo esto “Antes de que inicie la veda electoral.
“Hago un exhorto al Gobernador del Estado de México Eruviel Ávila Villegas,  a que todos los programas ofrecidos a través de la tarjeta “La Efectiva” sean de carácter universal, con esto garantizar un derecho, no una dadiva”, concluyó.




El pragmatismo, las alianzas con la derecha y la firma del Pacto por México, entre otros factores, han contribuido el desdibujamiento ideológico y el divorcio de las causas populares, diluyendo el perfil opositor de la izquierda partidaria, erosionando su autonomía política: Alejandro Encinas

Intervención de Alejandro Encinas en el Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, A.C.

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Sábado 21 de Marzo de 2015

Nuestro país enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia. A la violencia e inseguridad; la corrupción y la impunidad, se suma la descomposición del Estado mexicano, de las instituciones públicas y de los partidos políticos. Frente a esta situación en actual grupo en el poder ha decidido adoptar una salida autoritaria a esta crisis.

En este escenario, tanto la izquierda partidaria como la izquierda social atraviesan por un proceso de división y fragmentación, que ha allanado el camino a una coalición conservadora que ha impuesto un conjunto de contrarreformas neoliberales, que representan la mayor regresión al proyecto de nación a favor de la mayoría de los mexicanos.

El actual sistema de partidos se ha agotado. Los partidos políticos existentes han dejado de ser un instrumento legítimo para representar y dar cauce a las aspiraciones sociales.

Los gobiernos que encabeza la izquierda no se diferencian de los de otros partidos.

El pragmatismo, las alianzas con la derecha y la firma del Pacto por México, entre otros factores, han contribuido el desdibujamiento ideológico y el divorcio de las causas populares, diluyendo el perfil opositor de la izquierda partidaria, erosionando su autonomía política.

El capital político edificado a lo largo de décadas se ha dilapidado. Se han revertido los procesos unitarios de las izquierdas y se ha perdido credibilidad.

Es momento de hacer un alto en el camino y una reflexión autocrítica que permita recuperar la identidad política, valores y principios que permitan reconstruir vínculos con las causas populares para enfrentar el proyecto antinacional que se está instaurando.

Debemos replantear nuestro desempeño. Abandonar los lugares comunes, modificar nuestras prácticas e incluso nuestro lenguaje, para responder a las aspiraciones de los ciudadanos.

Debemos rescatar las experiencias exitosas de los gobiernos locales y municipales progresistas; los vínculos con la academia, la ciencia y la cultura.

Rescatar nuestra vocación de poder y construir una nueva plataforma que permita fortalecer una iniciativa social, con autonomía del poder político y con un ideario renovador.

La adversidad de la actual coyuntura requiere de la unidad de todas las mexicanas y de todos los mexicanos que queremos un México para todos.
Para ello es necesario impulsar nuevas modalidades de participación política y superar los estrechos márgenes de los partidos políticos, hoy profundamente desacreditados.

Necesitamos crear nuevos espacios de reflexión y organización que permitan un encuentro plural, amplio e incluyente, en el que confluyan lo mismo ciudadanas y ciudadanos sin partido, que trabajadores de la cultura, líderes de opinión, y de quienes participan en distintas organizaciones civiles o militan en diferentes partidos políticos de la esfera progresista, y de organizaciones disímbolas, a fin de reconstruir una identidad democrática y libertaria que aspire a crear una sociedad equitativa y justa para revertir el extravío que vive el Estado mexicano.
Es necesario conformar una nueva mayoría política. Una amplia red social y política que permita encauzar la indignación y el malestar social frente a la corrupción, la impunidad y los privilegios que goza la clase política gobernante.

Una organización que permita:

Alentar y fomentar la iniciativa personal y reconocer al mismo tiempo nuestras diferencias y pluralidad.
Adoptar las decisiones mediante la discusión colectiva, donde la opinión de todas y cada uno tenga el mismo peso.

Flexibilidad organizativa al permitir articular y conjugar espacios de participación de organizaciones e individuos, en función de sus interés, capacidades y posibilidades, individuales y colectivos, para coordinar acciones diversas, que pueden ir de la vía electoral y la militancia partidista, a acciones cívicas directas, y sobre todo, porque permite intercambiar ideas y avanzar en la construcción de ciudadanía.

Una organización plural que respete sus diferencias y supere las prácticas clientelares, la corrupción y el burocratismo que han minado la credibilidad en la política.

Debemos reivindicar la política como un asunto del interés público. La política no es propiedad de los poderosos, como la democracia no es posible sin la participación del pueblo.

No podemos limitar nuestra actividad a las elecciones. Se requiere de una organización que exprese los anhelos de la mayoría excluida de los mexicanos.

Es hora de volver a imaginarnos nuestro ser colectivo y reconstruir un proyecto alternativo al de la elite en el poder.

Tres valores deben articular nuestra acción: ética, justicia y solidaridad con las causas sociales.

Es momento de acabar con la simulación y el doble lenguaje para superar la regresión política que vive el país y hacer de las fuerzas progresistas una opción determinante en los cambios que exige la nación.

La situación actual exige hacer un replanteamiento general de nuestras ideas, propuestas y formas de organización y de vínculo con la sociedad.
No se trata de hegemonizar ninguna iniciativa ni ningún movimiento. Como tampoco se trata de fusionar los movimientos sino sincronizarlos.
El país esta convertido en un archipiélago de indignación que se puede articular. Tenemos que hablarle a la gente, no a nosotros mismos.

Ese es nuestro reto. De lograrlo, no sólo recuperaremos nuestra credibilidad, sino avanzaremos en construir una nueva mayoría para recuperar el camino hacia el proyecto de nación que no permita hacer de nuestro país un México para todos.



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Nueva ley recoge el planteamiento de la izquierda mexicana en materia de derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas: Alejandro Encinas



Intervención en tribuna del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Gracias, Senador Presidente.

Bueno, por lo general yo tengo grandes coincidencias con el Senador Manuel Bartlett, hemos compartido a lo largo de esta legislatura planteamientos y posiciones en los debates fundamentales.

Sin embargo, creo que hoy nuestra coincidencia no es plena; tenemos matices y diferencias en cuanto a la concepción de la ley que estamos debatiendo y también respecto de contenidos específicos.

Yo primero quisiera referirme a lo que señaló en su primera intervención, cuando señaló que prácticamente esta legislación no se hizo en el Senado de la República, sino que hubo la intervención directa del consejero jurídico, quien efectivamente no solamente anduvo deambulando por los pasillos del Senado, sino que en el mes de diciembre metió una zancadilla, un tropezón al proceso legislativo que estábamos llevando adelante, que afortunadamente pudimos recomponer y reencauzar para poder llegar a este acuerdo que hoy está permitiéndonos debatir un dictamen que fue aprobado por unanimidad en las comisiones unidas.

Y debo señalar, dentro de estas diferencias que el contenido fundamental de esta ley recoge el planteamiento de la izquierda, de las izquierdas mexicanas que hemos venido defendiendo en materia de derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas por lo menos desde hace más de 2 décadas.

El compañero Isidro Pedraza decía que el 90 por ciento del contenido de la ley proviene de los planteamientos de la izquierda; el Senador Fidel Demédicis hizo un recuento muy positivo de las iniciativas que se han presentado.

Y quiero poner varias muestras. En primer lugar, en relación al comentario de la Senadora Laura Rojas, efectivamente a lo largo de la discusión hicimos un análisis comparativo de la ley marco que fue presentada para que en el ámbito particularmente internacional hubieron los mínimos que debía contemplar toda ley en materia de transparencia y acceso a la información,

Y estoy convencido de que las disposiciones de este dictamen son más estrictas que las que planteó la ley marco.

La ley marco tiene mucho mayor laxitud y a indefiniciones que lo que hoy estamos no solamente, por ejemplo en la disminución de los tiempos de reserva o las obligaciones de transparencia que están claramente numeradas tanto lo que corresponde a las obligaciones comunes, son 50, más las específicas por distinto sector.

En segundo lugar respecto a la prevalencia de la ley creo que es totalmente claro, cómo ésta es la ley reglamentaria del artículo 6o. constitucional.

Y empezamos por el primer artículo de la ley, que dice, no solamente que la presente ley es de orden público y de observancia general en toda la república. Es reglamentaria del artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia y acceso a la información, y tiene por efecto establecer los principios, bases y procedimientos para garantizar el derecho al acceso a la información.

Y, ahí hay definiciones puntuales, usted señalaba también en su primera intervención que en materia de derechos humanos no se establecía un artículo imperativo en lo que se refiere a garantizar el acceso a la información, materia de derechos humanos, y tanto el artículo Quinto, como el artículo 100 de este dictamen, señalan con toda claridad que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional es todo lo que se refiere al marco de derechos humanos establecidos de la reforma del 2011 en nuestra Constitución, y por supuesto lo establecido en materia de la ley reglamentaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte.

Reconocí, y dije aquí en esta tribuna, que efectivamente existe una controversia ante la Corte respecto de la facultad para que, me dicen, tiempo concluido, pero llevo dos años y medio en esto, yo creo que aguantan dos minutos y medio más en esta discusión, y espero que nos den la oportunidad de discutirlo.

Existe una controversia, pero afortunadamente esa controversia se presentó antes de la Reforma Constitucional de la aprobación de esta ley, y espero que con estas disposiciones y haciendo un trabajo, como dicen ustedes, los abogados de hoy, y la corte, hagamos prevalecer esta disposición para que no pueda clasificarse como reservada ninguna información vinculada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Quiere hacer una pregunta el Senador Bartlett.

Intervención del Presidente de la Mesa Directiva del Senado.

AER: Con mucho gusto.

Intervención del senador Manuel Bartlett Díaz:

AER: La redacción que viene establecida en el artículo 5o. y en el artículo 100 de la ley es justamente la que retoma no solamente la propuesta original del IFAI y de la Red de Rendición de Cuentas, en las iniciativas que nos presentaron, y que nos llevaron primero a establecer con precisión que el IFAI tendría facultad para requerir información en materia de violación graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, sin que mediara resolución previa de ninguna otra autoridad competente.

Eso fue la preocupación central del IFAI y se retiró, y también se retiró otra palabra que venía en el texto en donde las normas en materia de derechos humanos establecían una disposición que restringía el acceso del IFAI en tanto se desarrollara la investigación, por eso se establece para la prevalencia de la ley en el artículo séptimo que las normas que hagan referencia al Derecho de Acceso a la Información o la clasificación de información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y la presente ley, por supuesto, que de los tratados, como comentábamos hace un momento en el pasillo, que no ha suscrito el gobierno mexicano o el Estado Mexicano y han sido ratificados por el Congreso no se pueden incorporar, pero todos los tratados internacionales, vinculantes con estos temas, de transparencia y protección de derechos humanos, están considerados en el cuerpo de la ley, con un agregado adicional.

Usted se refería a que era muy laxa la definición de máxima publicidad, que viene en la fracción sexta del artículo octavo, bueno, es la definición que viene en nuestra Constitución, es la reproducción del concepto constitucional de máxima publicidad para lo cual fortalecimos otros principios, el de pro persona, que eso busca garantizar el derecho por los ciudadanos, pero junto con ellos, los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.

Pero además, para que no haya duda, también en el artículo séptimo, respecto a la prevalencia de la ley respecto al acceso a la información, el segundo párrafo del artículo dice con claridad, en la aplicación e interpretación de la presente ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad conforme a lo dispuesto en la Constitución política.

Dice usted, o dijo usted, también en su primera intervención.

Intervención del Presidente de la Mesa Directiva del Senado.

AER: Ahorita que termine la respuesta le aviso para que vuelvan a poner el reloj.

No, porque estamos hablando de los principios, y él hizo básicamente el de máxima publicidad, y en estos casos de máxima publicidad y el derecho pro persona, usted señalaba que los poderes fácticos permanecían intocados, incluso aquellos a quien se entregan concesiones o contratos, y creo que en este caso en lo que son las obligaciones específicas de los sujetos obligados, particularmente en el artículo 71 que involucra a los poderes de la unión se establece dentro del régimen de responsabilidades, en cuanto a las obligaciones de transparencia, acciones como por ejemplo definir el nombre, denominación o razón social y la clave de Registro Federal de Contribuyentes, a las personas físicas o morales, a las que se les hubiera cancelado, condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Esta es una batalla que hemos dado durante mucho tiempo no solamente para que se den a conocer la lista de morosos, sino quienes son las empresas donde conoceremos no solamente su nombre o razón social, sino hasta el Registro Federal de Causantes de la misma.

Como también en ese artículo, en la fracción XXVII, se obliga a la autoridad a dar la información sobre concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones, especificando los titulares de aquello y debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, y tendrá que publicarse la información sobre los resultados y procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, y dando a conocer los procedimientos en que se realizan estas.

Más aun, no solamente se cae en el ámbito de los privados, porque ahora, y eso es otra demanda de la izquierda, la autoridad estará obligada a dar a conocer no solamente la información de todos los programas sociales, el monto de los recursos, cuáles son los objetivos de los mismos, sino tendrá que dar la información plena de los programas de subsidios, estímulos de apoyos en donde se tendrá que informar respecto a la transferencia de servicios, de infraestructura social y de subsidios, y junto con ellos, el padrón de beneficiarios.

Junto con ello, además el artículo 70 establece que todos los fondos públicos, fideicomisos, y mandatos análogos están obligados a dar a conocer el monto total, el uso y destino del patrimonio fideicometido, distinguiendo las aportaciones públicas y la fuente de recursos, así como el padrón de beneficiarios, con esto es otra de la demanda de la izquierda, queremos acabar con la caja chica que han representados los fideicomisos públicos y privados con el manejo de recursos.

Y en materia energética, aquí quiero subrayarlo, establece obligaciones adicionales a las que son comunes a todos los sujetos obligados, en donde las áreas, los sujetos obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del estado, subsidiarias o filiales.

Va a decirme, ah, en el caso de las concesiones de Telecomunicaciones se mantiene información confidencial o reservada, que sí efectivamente está en la ley y lo contempla esta misma, en los casos de los procesos de investigación y análisis de competencia económica.

Y por una razón muy sencilla, porque la información que aportan particulares a los procesos de investigación en materia de competencia económica, o los procesos de preponderancia en el mercado son información que aportan particulares, no son datos públicos, y ahí hay la obligación, por eso habrá una Ley de Protección de Datos Personales que los cuidará.

Y finalmente, respecto a la prueba de daño, es una disposición que independientemente la reserva que puede ser arbitraria, coincido con usted, de la información, la autoridad tendrá que motivar y fundar ante el solicitante de toda la información las causales que pudieran llevar la información restringida y demostrar que realmente representan un riesgo o perjuicio a la seguridad nacional, o al principio de proporcionalidad en perjuicio de un particular.

Yo creo que aquí se recogen muchos de los temas que hemos reivindicado, y esperemos que ahí sí que la ley se aplique porque coincidiendo ahí con usted efectivamente el intento por burlarla y el intento por hacer prevalecer la opacidad y negar la rendición de cuentas a las que tienen derecho todas las mexicanas y mexicanos, va a requerir de una lucha y una acción política emprendida desde la sociedad.

Muchas gracias por su atención.


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