Universidad
Autónoma del Estado de Morelos
Foro “Hacia
un Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas”
Viernes, 27
de febrero de 2015
fotos aer
Venimos de lejos
Dtto 30
Constituyente
Senador
El INE solo está demostrado que tenemos una
autoridad secuestrada, no solo por 32 gobernadores, sino por el Presidente de
la República: Encinas Rodríguez
Jueves, 26 Febrero 2015
Durante la discusión en el pleno de la Cámara de Senadores sobre la
situación del Instituto Nacional Electoral, el senador Alejandro Encinas
Rodríguez externó que el debate no solamente es el comportamiento ilegal e
irregular en las que ha derivado El Partido Verde (PVEM); sino son los
problemas de la equidad, imparcialidad y legalidad como se está llevando a cabo
el proceso electoral federal.
Señaló que uno de los propósitos de la reforma electoral fue suprimir
cualquier injerencia de los gobiernos locales en el proceso electoral y poner
condiciones -parejas- para todos los participantes de los comicios.
Manifestó que la crisis del modelo electoral que se presenta es que el
presidente del consejo electoral impone su voluntad a la normatividad
existente; provocando que el órgano electoral este siendo secuestrado por una
sola persona que es el Presidente de la República.
Reiteró que esa es la crisis real que está viviendo hoy la autoridad
electoral, el secuestro de 32 órganos electorales se ha convertido en el
secuestro de un órgano electoral y se da en el peor momento de credibilidad de
las instituciones públicas en medio de una profunda crisis del estado mexicano
y en la peor crisis de violación a los derechos humanos en nuestro país.
Aseveró que si no hay una corrección de estos mecanismos con los que
está trabajando y adoptando el INE en sus resoluciones; está crisis no
solamente se va a profundizar, sino va acabar convirtiéndose en un
fracaso profundo de la reforma electoral que hace apenas unos meses fue
aprobada en el Senado de la República y en Cámara de Diputados.
Por último, el senador Alejandro Encinas, hizo un llamado para que el
Instituto Nacional Electoral (INE) cumpla con los principios y objetivos para
los que fue creado; garantizando los principios de legalidad, imparcialidad,
certeza y equidad en la contienda.
“Esperemos que el INE corrija los abusos en que partidos como el PVEM
han incurrido; y que elimine esta actuación en bloques, ya que solo está
demostrando que tenemos una autoridad secuestrada no solo por los 32
gobernadores, sino por el Presidente de la República”, concluyó
El gran
ausente del combate a la delincuencia organizada son las reformas al poder
judicial y al ministerio público, poderes intocables que son la pieza clave de
la impunidad y la corrupción en este país: Encinas Rodríguez
Miércoles, 25 Febrero
2015
En el marco del Seminario “Seguridad y Justicia” que se llevó a cabo en
el Senado de la República, el senador Alejandro Encinas destacó que el tema de
la seguridad pública se debe de abordar con mucha responsabilidad y
prontitud, ya que se requieren reformas de fondo; y estas no solo
se refieren al ámbito del establecimiento de un mando único o de una policía
estatal única, sino definir el marco conceptual que debe regir el sistema
de seguridad pública en el país.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda coincidió
en que si bien se necesita profesionalizar a los cuerpos policíacos,
homologar sus normas de capacitación, profesionalización, salarios, operación
etc., uno de los ejes rectores además del combate al crimen debe ser el
respeto de los derechos humanos y modificar el concepto que se tenía
tradicionalmente de la seguridad, ya que no se trata de la seguridad del
Estado ni de las Instituciones, sino de establecer normas claras que regulen y garanticen
la seguridad humana, la seguridad de la sociedad y de los ciudadanos.
De igual forma, destacó que la lógica del municipio libre no existe, ni
tampoco la autonomía plena de las entidades federativas, ya que estados
como Oaxaca, Chiapas y Michoacán dependen hasta en el 97% de sus ingresos de
las participaciones federales y en el caso del Distrito Federal es la única
entidad que ha llegado a tener el 54 % de sus ingresos propios, a
diferencia de las demás entidades que dependen del 60% y 70% de las
participaciones federales.
Reconoció que el sistema municipalista se ha agotado y lo que se
requiere es una reforma de fondo al sistema municipal dentro de este rediseño
del sistema federal en donde lejos de continuar el proceso de descentralización
y debilitamiento, habría que hacer un rediseño que permitirá contar con los
elementos normativos, legislativos, económicos y fiscales para su
fortalecimiento, sin embargo lamentó que lejos de avanzar en fortalecer a
la autoridad municipal con estas medidas se continúa con su debilitamiento.
El senador Alejandro Encinas al referirse a la ley contra la
infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales señaló que el
Ejecutivo federal pretende arrogar dos atribuciones que invaden las competencias
ya no solo en los municipios sino a los Congresos locales.
El poder solicitar al Senado la disolución de los ayuntamientos cuando
existan indicios de que tienen una penetración con la delincuencia organizada.
Detalló que ahora el Ejecutivo quiere arrogarse esa facultad para no solamente
solicitar la disolución del ayuntamiento, sino para poder asumir total o
parcialmente las funciones del gobierno municipal, lo que significa que no solo
impondría a la autoridad municipal, sino que asumiría todas las funciones del
gobierno total o parcialmente.
La pretensión de dotar de nuevas facultades al Congreso para
legislar en otras materias, respecto a las facultades, competencias y
concurrencias entre la federación, estados y municipios, implicaría la
promulgación una ley general o una ley federal respecto a las competencias de
los distintos órdenes de gobierno, lo que fortalecería indudablemente a la
desmedida centralización que se ha venido incurriendo en los últimos años en el
país.
Respecto a la propuesta de mando único y policía estatal, el presidente
de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda destacó que existe una gran
confusión respecto de cómo se entiende el mando y la policía única.
Señaló que uno de los grandes errores que se han cometido en los últimos
años es tratar de enfrentar a los distintos grupos delictivos y el tipo de
delito que se comete de la misma manera en todo el país, sin embargo, señaló
que hay una gran diferencia no solamente regional sino hasta
cultural.
Por último, el senador Encinas propuso la descentralización de los
mandos policiales y sugirió la creación de una policía de la zona metropolitana
del Valle de México con el objetivo de que la actuación del cuerpo policial no
se vea limitada por el aspecto geográfico de la región.
Concluyó que el gran ausente en todo este tema del combate a la
delincuencia organizada son las reformas al poder judicial y al
ministerio público. Poderes intocables que son la pieza clave de la
impunidad y la corrupción en este país.
Zancadilla a la transparencia
Alejandro Encinas Rodríguez
El
Universal
Martes, 24 Febrero 2015
Tras un largo proceso de discusión en el que
participaron servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil, junto
con un grupo plural de senadores, en diciembre de 2014 se presentó la
iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
que reglamenta el derecho establecido en el artículo 6º constitucional para que
los ciudadanos puedan solicitar, investigar, difundir y recabar cualquier
información que genere la autoridad en el ejercicio de sus funciones; y
establecer los principios y procedimientos para que rindan cuentas, todo ente
público o privado, persona física o moral, partidos políticos, sindicatos,
fideicomisos y fondos públicos que ejerzan o administren recursos públicos.
La
iniciativa representa un avance. Adopta los principios propersona, máxima
publicidad y promoción de la cultura de la transparencia en el ejercicio de la
función pública, así como el de participación ciudadana, atendiendo las
condiciones sociales, económicas y culturales del país para alcanzar la mayor
protección posible y garantizar el derecho de acceso a la información.
Regula
las competencias entre la federación, las entidades federativas y los municipios,
homologando los procedimientos y condiciones para el acceso la información
pública, así como la facultad de atracción en los casos que por su importancia
lo amerite o a solicitud de la persona.
Crea
el Sistema Nacional del Transparencia y obliga a publicar el directorio de
servidores públicos, su régimen de contratación y remuneración, así como la
versión pública de sus declaraciones patrimoniales. La información de los
subsidios, condonaciones, estímulos y apoyos fiscales otorgados a particulares;
el padrón de beneficiarios de los programas sociales; la información relativa a
deuda pública; el padrón de proveedores y contratistas, los contratos y
convenios celebrados, las concesiones, permisos o licencias otorgadas, y los
procesos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de
cualquier naturaleza.
Sin
embargo, el proceso tropezó con una inmensa Casa Blanca y con
una red de tráfico de influencias y complicidades entre políticos y
empresarios, que ha sido puesta al descubierto por diversos medios de
comunicación y que ha metido una zancadilla para revertir los avances
alcanzados. Desde Los Pinos se impulsa la modificación de 80 artículos de la
propuesta que rompe con el consenso alcanzado y que limitarían el derecho
a la verdad; por ejemplo, al pretender restringir al IFAI para requerir
información sobre violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad
hasta que una autoridad competente lo determine.
Pretenden
ampliar los criterios para restringir el acceso a la información y establecer
condiciones de excepción a los órganos de seguridad nacional e inteligencia del
Estado, a las que se intenta eximir de mecanismos de control en materia de
transparencia, fomentando su opacidad y discrecionalidad. Se quiere ampliar el
periodo de reserva de información y nuevos supuestos para clasificar
documentos, los que podrían permanecer restringidos “hasta que se extingan las
causas que dieron origen a su clasificación”, cuando se trate de información
que pueda dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país.
Se
busca eliminar la prueba del daño: la obligación de la autoridad de
fundar y motivar la clasificación de la información, las razones o
circunstancias especiales que llevaron a concluir que la información se ajusta
al supuesto previsto en la ley, sin necesidad de acreditar el perjuicio
significativo al interés legítimo de seguridad nacional.
Una
vez más las conquistas logradas en el ámbito constitucional, se intentan
demeritar en las leyes secundarias, a causa de intereses ajenos al derecho de
los ciudadanos. La opacidad al servicio de un gobierno convertido en negocio.
(Senador de la República)
Agua, un factor
fundamental para la gobernabilidad, seguridad nacional y para garantizar
calidad de vida de todos los mexicanos: Alejandro Encinas
Intervención en tribuna del
senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley
General de Aguas y se abroga la Ley de Aguas Nacionales.
Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias, Senador
Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:
Vengo en nombre de Senadoras y Senadores de distintos grupos
parlamentarios: La Senadora Dolores Padierna; Layda Sansores; Angélica de la
Peña; Ana Gabriela Guevara; Luz María Beristain; Benjamín Robles; Silvia
Guadalupe Garza Galván; Manuel Bartlett; Isidro Pedraza; Luis Sánchez Jiménez;
Raúl Morón; Salvador López Brito; Fidel Demédicis; Lorena Cuéllar; Rabindranath
Salazar; Adolfo Romero Lainas; Armando Ríos Piter y un servidor, a dar nuestro
aval a una iniciativa ciudadana que propone reglamentar el artículo 4o.
constitucional, que establece: “Que toda persona tiene el derecho al acceso,
disposición y saneamiento del agua para consumo personal doméstico en forma
suficiente, salubre, aceptable y asequible, donde el Estado garantizará este
derecho”.
Se trata de una Ley General de Aguas, que parte del trabajo que
a lo largo de 2 años realizaron 450 investigadores de distintas instituciones
educativas de educación superior, junto con organizaciones de la sociedad
civil, representantes comunales, ejidatarios, comités de usuarios, y que parte
del principio de que el derecho al agua, al acceso al agua equitativo,
suficiente y de buena calidad es un derecho humano en donde debe asumirse como
un asunto del interés público.
El agua es un bien y un servicio público que debe garantizar
plenamente el estado como un bien de la nación que proviene de la naturaleza, y
por ello se propone esta iniciativa en la que quiero destacar los siguientes
ejes fundamentales:
El primero.- El reconocimiento y restauración de los derechos
del agua y territorio de los pueblos originarios.
La construcción de instancias de planeación ciudadana
gubernamental, desde lo que son las microcuencas, hasta lo que es la gestión
del agua en el ámbito nacional.
La implementación de planes rectores, consensados y vinculantes
realizados cuenca por cuenta, con las obras y políticas requeridas para
garantizar una gestión del agua de calidad y restaurando los flujos de
ecosistemas a fin de eliminar los factores que están generando vulnerabilidad, e
incluso, inundaciones y sequías.
Se plantea en esta Iniciativa el rediseño del sistema de
concesiones para evitar que estas sean transferibles y que estas se ajusten
anualmente a la disponibilidad real del agua.
Se propone la reorganización de la infraestructura hidroagrícola
y el uso agrícola del agua a través de comités de consumidores, investigadores
y agricultores por cuenca para poner fin al desperdicio del agua y de energía
en este sector y priorizar la producción para la soberanía alimentaria.
Se propone la creación de un Fondo Nacional para el Derecho
Humano al Agua y el Saneamiento para el financiamiento directo de proyectos
auto gestionados por parte de comunidades que hoy no tienen acceso al agua o
que tienen acceso a agua en condiciones de muy baja calidad, priorizando el
equipamiento en los espacios públicos, particularmente en las escuelas
públicas, y al mismo tiempo permitiendo la potabilización de aguas pluviales
para bebederos.
Se propone la asignación presupuestal equivalente a por lo menos
el 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto para registrar los planes rectores
y los planes municipales.
Se propone la creación de sistemas de agua potable y saneamiento
en manos públicas y comunitarias sin fines de lucro, esto en el ánimo de fortalecer
a las juntas municipales de agua y saneamiento para que garanticen una adecuada
prestación del servicio.
Se establece como obligación para la explotación y
aprovechamiento del recurso un dictamen de impacto socio hídrico ambiental para
prevenir daños que son irreversibles, en ocasiones, a cuencas y acuíferos, y
así facilitar la protección y buen manejo de áreas de importancia hídrica.
De manera particular, se prohíbe el uso de aguas nacionales para
la fracturación hidráulica o la minería tóxica, que indudablemente serán de los
grandes temas a debate en los próximos meses en este Senado y en todo el país.
Y de manera especial se plantea la creación de una contraloría
social del agua como una instancia ciudadana que colaboraría con la Auditoría
Superior de la Federación, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Ministerio Público, para
poner fin a la impunidad hidrológica y ambiental.
Como ustedes pueden apreciar, se hace un replanteamiento total
de lo que ha sido hasta ahora las políticas de gestión de este recursos que es
fundamental para el desarrollo humano y el desarrollo de la actividad
productiva, y esperemos contar con su apoyo, con su acompañamiento para que se
generen las condiciones, para que todas las mexicanas y los mexicanos tengan
acceso equitativo y sustentable al agua, para que el Estado mexicano garantice
su responsabilidad en el ejercicio de esta función, y para que el recurso se
utilice siempre con criterios de sustentabilidad para el desarrollo, cuidando
nuestras cuencas hidrológicas, nuestros mantos acuíferos, los cuerpos superficiales
de agua, porque éste, sin lugar a dudas, es el tema de temas de esta
legislatura, más allá del petróleo, de la energía, el agua es un factor
fundamental para la gobernabilidad, para la seguridad interior, para la
seguridad nacional y para garantizar el buen desarrollo de la calidad de vida
de todos los mexicanos.
Esperamos contar con su apoyo y esperemos que compañeros, como
el Senador Hermosillo, se sumen a suscribir esta propuesta, con la cual
avalamos una iniciativa presentada por ciudadanos, por organizaciones sociales
y por distintos usuarios.
Por su atención, muchísimas gracias.
Senadores del
PRD respaldan propuesta ciudadana de acceso al agua
24 de
febrero, 2015
Senadores
del PRD apoyaron la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas que busca
otorgar un servicio de calidad del agua y garantizar el acceso de toda la
ciudadanía a la misma.
En
conferencia de prensa, los legisladores coincidieron en la importancia de
aprobar esta iniciativa dada la problemática por la que atraviesa el país en
esta materia que sin duda, aqueja a gran parte de la población, sobre todo al
sector en condiciones de marginalidad.
La senadora
Luz María Beristain Navarrete ejemplificó señaló el caso de Quintana Roo, donde
muchas personas se encuentran privadas de su libertad a causa de manifestarse
en contra de las políticas que rigen el suministro y control del vital líquido
en la región.
Además,
denunció la labor de la empresa Aguakan, la cual después de un desfavorable
funcionamiento, se le ha otorgado la concesión del agua de la entidad por 30
años más.
Por otro
lado, el legislador Isidro Pedraza Chávez reiteró su apoyo a la propuesta pues
“de esta manera vamos a encontrar espacios importantes de discusión a los que
tenemos que convencer a la autoridad de que esa es la ruta para poder trabajar
en un México en paz, en un México donde se incluya y se integren las opiniones
de todos”.
Asimismo, la
senadora Dolores Padierna reconoció el trabajo de académicos y sociedad civil
que han defendido el derecho humano de todos los mexicanos al agua y se
comprometió con lograr la aprobación de ésta sin perder la visión ciudadana por
encima de la gubernamental.
En su turno,
Alejandro Encinas afirmó que el agua es un bien y un servicio público que debe
garantizar el Estado como un bien de la nación que viene de la naturaleza.
De esta
manera, los legisladores del PRD manifestaron su apoyo a la iniciativa con el
objetivo de garantizar el abasto del agua en todas las entidades del país en
condiciones óptimas de salubridad, calidad y cantidad que cubran las
necesidades de los ciudadanos y protejan éste bien al que tienen todos derecho.
PROCEDIMIENTO
DE ELABORACIÓN DE LAS LEYES SECUNDARIAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
Lunes, 23 Febrero 2015
Les hago una cordial invitación para que consulten el Micrositio de la
Comisión de Estudios Legislativos, Segunda en donde podrán encontrar el proceso
de dictaminación de las leyes secundarias en materia de transparencia.
A nueves años de la tragedia en Pasta
de Conchos, el castigo a los responsables yace en el socavón de la mina junto
con los 63 cuerpos de los 65 trabajadores muertos en el mayor desastre en la industria
minera contemporánea: Encinas Rodríguez
Jueves, 19 Febrero 2015
En memoria
del desastre ocurrido en la mina Pasta de Conchos en el estado de Coahuila, el
19 de febrero de 2006, donde perdieran la vida 65 trabajadores; el Senador
Alejandro Encinas se solidariza con el dolor que aún embarga a los familiares
de las víctimas, así como con las manifestaciones pacíficas que se llevarán a
cabo en recuerdo de esta tragedia.
Asimismo,
el legislador exige justicia y castigo para la empresa Minera México,
perteneciente a Grupo México, que a la fecha ha sido negligente y omisa ante
las observaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la
Organización Internacional del Trabajo. Cabe señalar, abundó el Senador, que
Grupo México es el mismo que ha provocado el peor desastre ambiental con la
contaminación del Río Sonora debido a la operación de la mina Buenavista del
Cobre, provocando además, la contaminación de los pozos aledaños a los
ríos en perjuicio de los agricultores, pescadores, ganaderos, y de la salud de
los habitantes de la comunidad.
De igual
manera, el Senador Encinas se une a la legítima solicitud de familiares y
trabajadores para que se rescaten los 63 cuerpos que aún permanecen en los
escombros de la mina y que la empresa se ha negado a rescatar. El legislador
respalda la lucha de la organización sindical que ha señalado que no van a
parar la lucha “hasta que se logre el rescate de los compañeros caídos en Pasta
de Conchos”.
Se debe
construir un trabajo de colaboración entre la autoridad y los legisladores:
Encinas Rodríguez
Miércoles,
18 Febrero 2015
En el marco del foro de Análisis sobre el proyecto
de reformas y adicionales a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal, el senador Alejandro Encinas Rodríguez externó que ha sido un tema
polémico que ha desatado muestras de inconformidad por parte de los prestadores
del servicio de transporte, ya que es un problema complejo que tiene
muchas vertientes vinculadas con la mayor parte de la movilidad de mercancías
en el país que se dan a través de la modalidad del transporte público y
seguirán mientras no existan alternativas, como el desarrollo de transporte
férreo.
Así mismo, añadió que se cruzan otro tipo de
intereses más allá de los asuntos económicos de la movilidad de las mercancías,
como son los problemas vinculados con la protección civil, la seguridad del
transporte, el carácter ambiental, pero sobre todo los problemas
económicos que limitan la posibilidad de la renovación recurrente del parque
vehicular, por lo que se debe analizar con mucho detenimiento los
planteamientos puntuales respecto a la vida útil del servicio de carga.
El senador Alejandro Encinas manifestó que con base
en su experiencia en diversas áreas del gobierno y en particular la Secretaría
del Medio Ambiente del Distrito Federal, señaló que la importancia de empezar
desde hoy a orientar la discusión; no es entorno a un concepto que siempre ha
generado malestar, la idea de la “descarcachización”, sino se debe de
buscar un modelo de renovación del parque vehicular el cual no solamente se
requieren de nuevas leyes y normas, sino también la posibilidad de programas
públicos que permitan la renovación del parque vehicular.
El presidente de la Comisión de Estudios
Legislativos, Segunda señaló que en el caso de la Ciudad de México, los
programas que siguen en renovación del parque vehicular en taxis y
microbuses son 106 mil taxis cuya vida útil se estima 5 años y tienen en
promedio entre 15 a 17 años de uso, logrando la renovación total cumpliendo con
las normas ambientales y otras disposiciones que normaron gracias al
establecimiento de un programa de financiamiento del gobierno de la Ciudad con
Nacional Financiera; en donde se adquiría la unidad en 10 mil pesos muchas
veces por encima del valor real del vehículo.
Destacó que se hizo no solamente con los 106 mil
taxis, sino con alrededor de 32 mil microbuses, lo que permitió avanzar a otra
modalidad de transporte fortaleciendo el uso del minibús o del autobús.
Por último, destacó que debido a las
manifestaciones de inconformidad y bloqueo de accesos en la zona metropolitana,
se debe ir construyendo un trabajo de colaboración entre la autoridad y los
legisladores.
Finalizó “espero que en este foro haya una
discusión franca, abierta, donde todos defiendan legítimamente su
interés, pero que podamos construir una salida que nos dé satisfacción
plena a todos”.
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