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“La Constitución ordena la separación clara entre el Ejército y la política. Cuando se rompe esa frontera se presentan excesos, como los ocurridos durante la guerra sucia en los años 70; entonces el Ejército se convirtió en instrumento de combate contra la disidencia política”.

Alejandro Encinas Rodríguez
Coordinador de los diputados del PRD
LXI Legislatura







Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Foro “Hacia un Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas”
Viernes, 27 de febrero de 2015

tribuna1

El INE solo está demostrado que tenemos una autoridad secuestrada, no solo por 32 gobernadores, sino por el Presidente de la República: Encinas Rodríguez

Jueves, 26 Febrero 2015

Durante la discusión en el pleno de la Cámara de Senadores sobre la situación del Instituto Nacional Electoral, el senador Alejandro Encinas Rodríguez externó que el debate no solamente es el comportamiento ilegal e irregular en las que ha derivado El  Partido Verde (PVEM); sino son los problemas de la equidad, imparcialidad y legalidad como se está llevando a cabo el proceso electoral federal.
Señaló que uno de los propósitos de la reforma electoral fue suprimir cualquier injerencia de los gobiernos locales en el proceso electoral y poner condiciones -parejas- para todos los participantes de los comicios.
Manifestó que la crisis del modelo electoral que se presenta es que el presidente del consejo electoral impone su voluntad a la normatividad existente; provocando que el órgano electoral este siendo secuestrado por una sola persona que es el Presidente de la República.
Reiteró que esa es la crisis real que está viviendo hoy la autoridad electoral, el secuestro de 32 órganos electorales se ha convertido en el secuestro de un órgano electoral y se da en el peor momento de credibilidad de las instituciones públicas en medio de una profunda crisis del estado mexicano y en la peor crisis de violación a los derechos humanos en nuestro país.
Aseveró que si no hay una corrección de estos mecanismos con los que está trabajando y adoptando el INE en sus resoluciones; está crisis no solamente se va a  profundizar, sino va acabar convirtiéndose en un fracaso profundo de la reforma electoral que hace apenas unos meses fue aprobada en el Senado de la República y en Cámara de Diputados.
Por último, el senador Alejandro Encinas, hizo un llamado para que el Instituto Nacional Electoral (INE) cumpla con los principios y objetivos para los que fue creado; garantizando los principios de legalidad, imparcialidad, certeza y equidad en la contienda.
“Esperemos que el INE corrija los abusos en que partidos como el PVEM han incurrido; y que elimine esta actuación en bloques, ya que solo está demostrando que tenemos una autoridad secuestrada no solo por los 32 gobernadores, sino por el Presidente de la República”, concluyó




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El gran ausente del combate a la delincuencia organizada son las reformas al poder judicial y al ministerio público, poderes intocables que son la pieza clave de la impunidad y la corrupción en este país: Encinas Rodríguez

Miércoles, 25 Febrero 2015

En el marco del Seminario “Seguridad y Justicia” que se llevó a cabo en el Senado de la República, el senador Alejandro Encinas destacó que el tema de la seguridad pública  se debe de abordar  con mucha responsabilidad y prontitud, ya que  se requieren reformas de fondo;  y estas no solo se refieren al ámbito del establecimiento de un mando único o de una policía estatal única, sino definir el marco conceptual  que debe regir el sistema de seguridad pública en el país.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda coincidió en  que si bien se necesita profesionalizar a los cuerpos policíacos, homologar sus normas de capacitación, profesionalización, salarios, operación etc.,  uno de los ejes rectores además del combate al crimen debe ser el respeto de los derechos humanos y modificar el concepto que se tenía tradicionalmente  de la seguridad, ya que no se trata de la seguridad del Estado ni de las Instituciones, sino de establecer normas claras que regulen y garanticen la seguridad humana, la seguridad de la sociedad y  de los ciudadanos.
De igual forma, destacó que la lógica del municipio libre no existe, ni tampoco la autonomía plena de las entidades federativas, ya que estados  como Oaxaca, Chiapas y Michoacán dependen hasta en el 97% de sus ingresos de las participaciones federales y en el caso del Distrito Federal es la única entidad que ha llegado a tener el 54 % de sus ingresos  propios,  a diferencia de las demás  entidades que dependen del 60% y 70% de las participaciones federales.
Reconoció que el sistema municipalista se ha agotado y lo que se requiere es una reforma de fondo al sistema municipal dentro de este rediseño del sistema federal en donde lejos de continuar el proceso de descentralización y debilitamiento, habría que hacer un rediseño que permitirá contar con los elementos normativos, legislativos, económicos y fiscales para su fortalecimiento, sin embargo lamentó que  lejos de avanzar en fortalecer a la autoridad municipal con estas medidas se continúa con su debilitamiento.
El senador Alejandro Encinas al referirse a la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales señaló que el Ejecutivo federal pretende arrogar dos atribuciones que invaden las competencias ya no solo en los municipios sino a los Congresos locales.

El poder solicitar al Senado la disolución de los ayuntamientos cuando existan indicios de que tienen una penetración con la delincuencia organizada. Detalló que ahora el Ejecutivo quiere arrogarse esa facultad para no solamente solicitar la disolución del ayuntamiento, sino para poder asumir total o parcialmente las funciones del gobierno municipal, lo que significa que no solo impondría a la autoridad municipal, sino que asumiría todas las funciones del gobierno total o parcialmente.

La  pretensión de dotar de nuevas facultades al Congreso para legislar en otras materias, respecto a las facultades, competencias y concurrencias entre la federación, estados y municipios, implicaría la promulgación una ley general o una ley federal respecto a las competencias de los distintos órdenes de gobierno, lo que fortalecería indudablemente a la desmedida centralización que se ha venido incurriendo en los últimos años en el país.
Respecto a la propuesta de mando único y policía estatal, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda destacó que existe una gran confusión respecto de cómo se entiende el mando y la policía única.
Señaló que uno de los grandes errores que se han cometido en los últimos años es tratar de enfrentar a los distintos grupos delictivos y el tipo de delito que se comete de la misma manera en todo el país, sin embargo, señaló que hay una  gran diferencia no solamente regional sino hasta  cultural.
Por último, el senador  Encinas propuso la descentralización de los mandos policiales y sugirió la creación de una policía de la zona metropolitana del Valle de México con el objetivo de que la actuación del cuerpo policial no se vea limitada por el aspecto geográfico de la región.
Concluyó que el gran ausente en todo este tema del combate a la delincuencia organizada son las reformas al poder judicial y  al ministerio público. Poderes intocables  que son la pieza clave de la impunidad y la corrupción en este país.



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Zancadilla a la transparencia
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal

Martes, 24 Febrero 2015
Tras un largo proceso de discusión en el que participaron servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil, junto con un grupo plural de senadores, en diciembre de 2014 se presentó la iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que reglamenta el derecho establecido en el artículo 6º constitucional para que los ciudadanos puedan solicitar, investigar, difundir y recabar cualquier información que genere la autoridad en el ejercicio de sus funciones; y establecer los principios y procedimientos para que rindan cuentas, todo ente público o privado, persona física o moral, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos que ejerzan o administren recursos públicos.
La iniciativa representa un avance. Adopta los principios propersona, máxima publicidad y promoción de la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, así como el de participación ciudadana, atendiendo las condiciones sociales, económicas y culturales del país para alcanzar la mayor protección posible y garantizar el derecho de acceso a la información.
Regula las competencias entre la federación, las entidades federativas y los municipios, homologando los procedimientos y condiciones para el acceso la información pública, así como la facultad de atracción en los casos que por su importancia lo amerite o a solicitud de la persona.

Crea el Sistema Nacional del Transparencia y obliga a publicar el directorio de servidores públicos, su régimen de contratación y remuneración, así como la versión pública de sus declaraciones patrimoniales. La información de los subsidios, condonaciones, estímulos y apoyos fiscales otorgados a particulares; el padrón de beneficiarios de los programas sociales; la información relativa a deuda pública; el padrón de proveedores y contratistas, los contratos y convenios celebrados, las concesiones, permisos o licencias otorgadas, y los procesos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza.
Sin embargo, el proceso tropezó con una inmensa Casa Blanca y con una red de tráfico de influencias y complicidades entre políticos y empresarios, que ha sido puesta al descubierto por diversos medios de comunicación y que ha metido una zancadilla para revertir los avances alcanzados. Desde Los Pinos se impulsa la modificación de 80 artículos de la propuesta que rompe con el consenso alcanzado y que limitarían el derecho a la verdad; por ejemplo, al pretender restringir al IFAI para requerir información sobre violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad hasta que una autoridad competente lo determine.
Pretenden ampliar los criterios para restringir el acceso a la información y establecer condiciones de excepción a los órganos de seguridad nacional e inteligencia del Estado, a las que se intenta eximir de mecanismos de control en materia de transparencia, fomentando su opacidad y discrecionalidad. Se quiere ampliar el periodo de reserva de información y nuevos supuestos para clasificar documentos, los que podrían permanecer restringidos “hasta que se extingan las causas que dieron origen a su clasificación”, cuando se trate de información que pueda dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país.
Se busca eliminar la prueba del daño: la obligación de la autoridad de fundar y motivar la clasificación de la información, las razones o circunstancias especiales que llevaron a concluir que la información se ajusta al supuesto previsto en la ley, sin necesidad de acreditar el perjuicio significativo al interés legítimo de seguridad nacional.

Una vez más las conquistas logradas en el ámbito constitucional, se intentan demeritar en las leyes secundarias, a causa de intereses ajenos al derecho de los ciudadanos. La opacidad al servicio de un gobierno convertido en negocio. (Senador de la República)

Alejandro Encinas

Agua, un factor fundamental para la gobernabilidad, seguridad nacional y para garantizar calidad de vida de todos los mexicanos: Alejandro Encinas





Intervención en tribuna del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se abroga la Ley de Aguas Nacionales.

Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias, Senador Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo en nombre de Senadoras y Senadores de distintos grupos parlamentarios: La Senadora Dolores Padierna; Layda Sansores; Angélica de la Peña; Ana Gabriela Guevara; Luz María Beristain; Benjamín Robles; Silvia Guadalupe Garza Galván; Manuel Bartlett; Isidro Pedraza; Luis Sánchez Jiménez; Raúl Morón; Salvador López Brito; Fidel Demédicis; Lorena Cuéllar; Rabindranath Salazar; Adolfo Romero Lainas; Armando Ríos Piter y un servidor, a dar nuestro aval a una iniciativa ciudadana que propone reglamentar el artículo 4o. constitucional, que establece: “Que toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, donde el Estado garantizará este derecho”.

Se trata de una Ley General de Aguas, que parte del trabajo que a lo largo de 2 años realizaron 450 investigadores de distintas instituciones educativas de educación superior, junto con organizaciones de la sociedad civil, representantes comunales, ejidatarios, comités de usuarios, y que parte del principio de que el derecho al agua, al acceso al agua equitativo, suficiente y de buena calidad es un derecho humano en donde debe asumirse como un asunto del interés público.

El agua es un bien y un servicio público que debe garantizar plenamente el estado como un bien de la nación que proviene de la naturaleza, y por ello se propone esta iniciativa en la que quiero destacar los siguientes ejes fundamentales:

El primero.- El reconocimiento y restauración de los derechos del agua y territorio de los pueblos originarios.

La construcción de instancias de planeación ciudadana gubernamental, desde lo que son las microcuencas, hasta lo que es la gestión del agua en el ámbito nacional.

La implementación de planes rectores, consensados y vinculantes realizados cuenca por cuenta, con las obras y políticas requeridas para garantizar una gestión del agua de calidad y restaurando los flujos de ecosistemas a fin de eliminar los factores que están generando vulnerabilidad, e incluso, inundaciones y sequías.

Se plantea en esta Iniciativa el rediseño del sistema de concesiones para evitar que estas sean transferibles y que estas se ajusten anualmente a la disponibilidad real del agua.

Se propone la reorganización de la infraestructura hidroagrícola y el uso agrícola del agua a través de comités de consumidores, investigadores y agricultores por cuenca para poner fin al desperdicio del agua y de energía en este sector y priorizar la producción para la soberanía alimentaria.

Se propone la creación de un Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento para el financiamiento directo de proyectos auto gestionados por parte de comunidades que hoy no tienen acceso al agua o que tienen acceso a agua en condiciones de muy baja calidad, priorizando el equipamiento en los espacios públicos, particularmente en las escuelas públicas, y al mismo tiempo permitiendo la potabilización de aguas pluviales para bebederos.

Se propone la asignación presupuestal equivalente a por lo menos el 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto para registrar los planes rectores y los planes municipales.

Se propone la creación de sistemas de agua potable y saneamiento en manos públicas y comunitarias sin fines de lucro, esto en el ánimo de fortalecer a las juntas municipales de agua y saneamiento para que garanticen una adecuada prestación del servicio.

Se establece como obligación para la explotación y aprovechamiento del recurso un dictamen de impacto socio hídrico ambiental para prevenir daños que son irreversibles, en ocasiones, a cuencas y acuíferos, y así facilitar la protección y buen manejo de áreas de importancia hídrica.

De manera particular, se prohíbe el uso de aguas nacionales para la fracturación hidráulica o la minería tóxica, que indudablemente serán de los grandes temas a debate en los próximos meses en este Senado y en todo el país.

Y de manera especial se plantea la creación de una contraloría social del agua como una instancia ciudadana que colaboraría con la Auditoría Superior de la Federación, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Ministerio Público, para poner fin a la impunidad hidrológica y ambiental.

Como ustedes pueden apreciar, se hace un replanteamiento total de lo que ha sido hasta ahora las políticas de gestión de este recursos que es fundamental para el desarrollo humano y el desarrollo de la actividad productiva, y esperemos contar con su apoyo, con su acompañamiento para que se generen las condiciones, para que todas las mexicanas y los mexicanos tengan acceso equitativo y sustentable al agua, para que el Estado mexicano garantice su responsabilidad en el ejercicio de esta función, y para que el recurso se utilice siempre con criterios de sustentabilidad para el desarrollo, cuidando nuestras cuencas hidrológicas, nuestros mantos acuíferos, los cuerpos superficiales de agua, porque éste, sin lugar a dudas, es el tema de temas de esta legislatura, más allá del petróleo, de la energía, el agua es un factor fundamental para la gobernabilidad, para la seguridad interior, para la seguridad nacional y para garantizar el buen desarrollo de la calidad de vida de todos los mexicanos.

Esperamos contar con su apoyo y esperemos que compañeros, como el Senador Hermosillo, se sumen a suscribir esta propuesta, con la cual avalamos una iniciativa presentada por ciudadanos, por organizaciones sociales y por distintos usuarios.

Por su atención, muchísimas gracias.



Padierna, Encinas, Demédicis, Pedrazam Beristain
Senadores del PRD respaldan propuesta ciudadana de acceso al agua

24 de febrero, 2015

Senadores del PRD apoyaron la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas que busca otorgar un servicio de calidad del agua y garantizar el acceso de toda la ciudadanía a la misma.

En conferencia de prensa, los legisladores coincidieron en la importancia de aprobar esta iniciativa dada la problemática por la que atraviesa el país en esta materia que sin duda, aqueja a gran parte de la población, sobre todo al sector en condiciones de marginalidad.

La senadora Luz María Beristain Navarrete ejemplificó señaló el caso de Quintana Roo, donde muchas personas se encuentran privadas de su libertad a causa de manifestarse en contra de las políticas que rigen el suministro y control del vital líquido en la región.

Además, denunció la labor de la empresa Aguakan, la cual después de un desfavorable funcionamiento, se le ha otorgado la concesión del agua de la entidad por 30 años más.

Por otro lado, el legislador Isidro Pedraza Chávez reiteró su apoyo a la propuesta pues “de esta manera vamos a encontrar espacios importantes de discusión a los que tenemos que convencer a la autoridad de que esa es la ruta para poder trabajar en un México en paz, en un México donde se incluya y se integren las opiniones de todos”.

Asimismo, la senadora Dolores Padierna reconoció el trabajo de académicos y sociedad civil que han defendido el derecho humano de todos los mexicanos al agua y se comprometió con lograr la aprobación de ésta sin perder la visión ciudadana por encima de la gubernamental.

En su turno, Alejandro Encinas afirmó que el agua es un bien y un servicio público que debe garantizar el Estado como un bien de la nación que viene de la naturaleza.

De esta manera, los legisladores del PRD manifestaron su apoyo a la iniciativa con el objetivo de garantizar el abasto del agua en todas las entidades del país en condiciones óptimas de salubridad, calidad y cantidad que cubran las necesidades de los ciudadanos y protejan éste bien al que tienen todos derecho.






Componentes básicos de la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas
Martes, 24 Febrero 2015
propuesta agua



PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LAS LEYES SECUNDARIAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
Lunes, 23 Febrero 2015

procedimientos

Les hago una cordial invitación para que consulten el Micrositio de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda en donde podrán encontrar el proceso de dictaminación de las leyes secundarias en materia de transparencia.




Foro – Seguridad y Justicia
Senado de la República
Auditorio “Octavio Paz”
Miércoles, 25 de febrero de 2015

9:00 horas

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Conferencia Magistral del Senador Alejandro Encinas "México después de las reformas estructurales" 
Casa Universitaria del Libro" UNAL
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Viernes, 20 Febrero 2015




Entrevista televisiva en vivo por Radio y Televisión de Nuevo León
Noticiario matutino Informativo Nuevo León.
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Viernes, 20 Febrero 2015


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A nueves años de la tragedia en Pasta de Conchos, el castigo a los responsables yace en el socavón de la mina junto con los 63 cuerpos de los 65 trabajadores muertos en el mayor desastre en la industria minera contemporánea: Encinas Rodríguez

Jueves, 19 Febrero 2015

En memoria del desastre ocurrido en la mina Pasta de Conchos en el estado de Coahuila, el 19 de febrero de 2006, donde perdieran la vida 65 trabajadores; el Senador Alejandro Encinas se solidariza con el dolor que aún embarga a los familiares de las víctimas, así como con las manifestaciones pacíficas que se llevarán a cabo en recuerdo de esta tragedia.

 Asimismo, el legislador exige justicia y castigo para la empresa Minera México, perteneciente a Grupo México, que a la fecha ha sido negligente y omisa ante las observaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo. Cabe señalar, abundó el Senador, que Grupo México es el mismo que ha provocado el peor desastre ambiental con la contaminación del Río Sonora debido a la operación de la mina Buenavista del Cobre, provocando además, la contaminación de  los pozos aledaños a los ríos en perjuicio de los agricultores, pescadores, ganaderos, y de la salud de los habitantes de la comunidad.

De igual manera, el Senador Encinas se une a la legítima solicitud de familiares y trabajadores para que se rescaten los 63 cuerpos que aún permanecen en los escombros de la mina y que la empresa se ha negado a rescatar. El legislador respalda la lucha de la organización sindical que ha señalado que no van a parar la lucha “hasta que se logre el rescate de los compañeros caídos en Pasta de Conchos”.



‘La Casa Blanca’ ha trabado el proyecto de la 'Ley de Transparencia': Encinas

ENTREVISTA W RADIO

Entrevista Vía telefónica W Radio

Jueves, 19 Febrero 2015

http://www.wradio.com.mx/escucha/archivo_de_audio/la-casa-blanca--ha-trabado-el-proyecto-de-la-ley-de-transparencia-encinas/20150218/oir/2637670.aspx





Universidad Autónoma de Nuevo León


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Se debe construir un trabajo de colaboración entre la autoridad y los legisladores: Encinas Rodríguez

Miércoles, 18 Febrero 2015

En el marco del foro de Análisis sobre el proyecto de reformas y adicionales a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el senador Alejandro Encinas Rodríguez externó que ha sido un tema polémico que ha desatado muestras de inconformidad por parte de los prestadores del servicio de transporte, ya que es un problema complejo que  tiene muchas vertientes vinculadas con la mayor parte de la movilidad de mercancías en el país que se dan a través de la modalidad del transporte público y seguirán mientras no existan alternativas, como el desarrollo de transporte férreo.
 Así mismo, añadió que se cruzan otro tipo de intereses más allá de los asuntos económicos de la movilidad de las mercancías, como son los problemas vinculados con la protección civil, la seguridad del transporte, el carácter ambiental, pero sobre todo  los problemas económicos que limitan la posibilidad de la renovación recurrente del parque vehicular, por lo que se debe analizar con mucho detenimiento los planteamientos puntuales respecto a la vida útil del servicio de carga.
El senador Alejandro Encinas manifestó que con base en su experiencia en diversas áreas del gobierno y en particular la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, señaló que la importancia de empezar desde hoy a orientar la discusión; no es entorno a un concepto que siempre  ha generado malestar,  la idea de la “descarcachización”, sino se debe de buscar un modelo de renovación del parque vehicular el cual no solamente se requieren de nuevas leyes y normas, sino también la posibilidad de programas públicos que permitan  la renovación del parque vehicular.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda señaló que en el caso de la Ciudad de México, los programas que  siguen en renovación del parque vehicular en taxis y microbuses son 106 mil taxis cuya vida útil se estima 5 años y tienen en promedio entre 15 a 17 años de uso, logrando la renovación total cumpliendo con las normas ambientales y otras disposiciones que normaron gracias al establecimiento de un programa de financiamiento del gobierno de la Ciudad con Nacional Financiera; en donde se adquiría la unidad en 10 mil pesos muchas veces por encima del valor real del vehículo.
Destacó que se hizo no solamente con los 106 mil taxis, sino con alrededor de 32 mil microbuses, lo que permitió avanzar a otra modalidad de transporte fortaleciendo el uso del minibús o del autobús.
Por último, destacó que debido a las manifestaciones de inconformidad y bloqueo de accesos en la zona metropolitana, se debe ir construyendo un trabajo de colaboración entre la autoridad y los legisladores.
Finalizó “espero que en este foro haya una discusión franca, abierta, donde  todos defiendan legítimamente su interés,  pero que podamos construir una salida que nos dé satisfacción plena a todos”. 




¿Qué es la Fundlocal?




En este espacio podrás encontrar información actualizada acerca de las actividades y el pensamiento de Alejandro Encinas Rodríguez, uno de los principales dirigentes de la izquierda mexicana.