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“La Constitución ordena la separación clara entre el Ejército y la política. Cuando se rompe esa frontera se presentan excesos, como los ocurridos durante la guerra sucia en los años 70; entonces el Ejército se convirtió en instrumento de combate contra la disidencia política”.

Alejandro Encinas Rodríguez
Coordinador de los diputados del PRD
LXI Legislatura


De la guerra sucia a la guerra inútil
Alejandro Encinas Rodríguez
31 enero de 2012

La noche del 26 de enero falleció Miguel Nazar Haro, ex titular de la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad, DFS. Personaje emblemático de uno de los capítulos más nefastos de la historia del país, pieza clave del engranaje de espionaje y represión del sistema político acuñado por el PRI, quien tuvo a su cargo, durante casi dos décadas, la seguridad interior de México bajo el estigma de la guerra fría, a partir de la cual justificó la persecución y represión a los disidentes del régimen.

Desde la DFS encabezó las operaciones clandestinas ilegales con las que actuaba el gobierno, a partir de la Brigada Especial, artífice de la guerra sucia en los años 70.

Nazar Haro, al igual que Gutiérrez Barrios y Luis Echeverría, nunca fue juzgado por los crímenes cometidos en 1968 ni por la matanza del 10 de junio de 1971 ni por la guerra sucia de los 70, que trajo consigo el asesinato y las desapariciones forzadas de un número indeterminado de militantes de izquierda. Por el contrario, en distintos momentos fue reconocido por su desempeño, Por lo que él mismo se consideraba un patriota, ya que para él constituía “un acto de patriotismo” espiar, secuestrar, torturar, asesinar o violar sistemáticamente los derechos humanos, gozando del privilegio de haberse erigido en el represor oficial del Estado mexicano.
Con la muerte de Nazar, de Gutiérrez Barrios, de Díaz Ordaz y la sentencia popular a Luis Echeverría, se cierra una época de infamias y abusos, que bajo el mandato de preservar la seguridad del Estado y “la paz social”, vulneraron los derechos y la paz de los mexicanos. Décadas después, perduran muchas de las prácticas ilegales del Estado, como son los llamados “daños colaterales” derivados de la llamada “guerra” otrora la delincuencia organizada que alcanza niveles de violencia otrora inimaginables y de violaciones recurrentes a los derechos humanos.

En semanas recientes se desató una polémica tras el reconocimiento de la PGR de 43 mil 453 muertes vinculadas a la cruzada contra el crimen organizado y la insistencia de que el 90% de éstas están relacionadas con delincuentes. La respuesta de diversos organismos civiles como Human Rights Watch, fue contundente. Retó al gobierno mexicano a demostrar que las muertes reconocidas oficialmente tienen una relación directa con la delincuencia organizada y no son víctimas de esta “guerra”, poniendo como ejemplo 24 casos documentados en su informe “Ni seguridad ni derechos”, donde acredita que miembros de las fuerzas de seguridad realizaron ejecuciones extrajudiciales tanto de civiles ejecutados por autoridades o que murieron a causa de las torturas sufridas, como de civiles asesinados en retenes militares o durante enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad en circunstancias que no ameritaban el uso de la fuerza en su contra.

Junto a ello, la CNDH ha informado que la denuncia de violaciones a los derechos humanos en el país pasaron de 691 al inicio del sexenio a 6 mil 65 quejas presentadas hasta 2011, que dan cuenta de un incremento de alrededor de 900% , de las que existen 98 recomendaciones emitidas, 29 de ellas con sentencia condenatoria.

Quizá nunca sabremos el número de víctimas de la guerra sucia ni sean sancionadas las crecientes violaciones a derechos humanos en esta inútil guerra, lo que no obsta para mantener nuestra preocupación ante la impunidad con la que verdaderos terroristas de Estado, como Nazar Haro y demás responsables de desapariciones forzadas, torturas y homicidios de opositores al régimen han actuado, ni para mantener la exigencia de justicia y que el estado respete las garantías de los ciudadanos. No es venganza. Se trata de un derecho a la memoria, a la justicia, a la verdad y a la reconciliación como condiciones para alcanzar una verdadera democracia. Lo que está en entredicho, a diferencia del pasado, no es la seguridad del Estado, sino de los ciudadanos.

Diputado federal por el PRD

Estado de México

La FUNDLOCAL, AC y Alejandro Encinas Rodríguez los invitan a la presentación del libro, “Dinero, simulación e impunidad” Memoria de la elección de gobernador en el Estado de México – 2011, El evento se llevara a cabo el martes 31 de enero de 2012 a las 17:00 horas, en l Auditorio del Instituto Electoral de Estado de México (IEEM), ubicado en Paseo Tollocan No. 944, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca Estado de México.




Veto, hambre e impunidad
Alejandro Encinas Rodríguez

17 enero  de 2012


En el pasado período de sesiones , la Cámara de Diputados aprobó el decreto mediante el cual el Ejecutivo federal debería integrar un fondo especial de 10 mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por la sequía, las inundaciones y heladas ocurridas en diversos estados del país, en particular en Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, México, Hidalgo, Tabasco y Veracruz.

Con esos recursos se pretendía enfrentar el daño que presenta cerca de un millón de hectáreas, 400 mil de las cuales no podrán sembrarse por escasez de agua; la muerte de miles de cabezas de ganado y de manera esencial la carencia de alimentos que enfrentan 28 millones de mexicanos, debido a la profunda dependencia alimentaria que lleva a importar más de 43% de los alimentos que requiere el abasto nacional.

Se estima que en los últimos 18 meses se han afectado cuatro de cada 10 hectáreas que integran el territorio nacional por la sequía. La Sagarpa ha señalado que se han perdido 963 mil hectáreas y cuantiosas cabezas de ganado y que ha sido afectado más del 40 por ciento del territorio nacional. Esto ha repercutido severamente en la producción nacional de alimentos, que alcanzará su nivel más crítico a la mitad del presente año, y en el incremento de precios en los productos de la canasta básica. Tan sólo de enero de 2006 a diciembre de 2011, la tortilla, el arroz, el frijol, la carne, el café, el aceite y la sopa de pasta registraron aumentos superiores a 100%.

Pese a esta difícil situación, el Ejecutivo federal, a través del secretario de Hacienda, ha vetado este decreto aduciendo que es innecesario, ya que la estrategia gubernamental para la atención a los efectos provocados por desastres naturales dispone de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que se canalizan a través del Fondo de Desastres Naturales, el trabajo coordinado con entidades federativas y la “administración de riesgos” atendiendo principalmente el “agua para consumo humano, acciones de empleo temporal, importación de alimentos y reparto de despensas, así como la contratación de “un seguro de exceso de pérdida para administrar, a través de los mercados internacionales, los riesgos que enfrenta ante las amenazas de desastres naturales”.

Esto demuestra una vez más la ausencia de una política que atienda la seguridad alimentaria como un asunto estratégico para la seguridad nacional, así como la negligencia oficial ante un problema que pone en riesgo la vida de miles de mexicanos, en un empecinamiento que resulta absurdo, ya que de acuerdo con el informe sobre la situación de las finanzas y la deuda pública correspondiente al tercer trimestre de 2011 se registraron subejercicios al mes de junio por 3 mil 700 millones de pesos, los cuales fueron reasignados a otros ramos y programas, subejercicios que se estima podrían sumar al cierre de 2011 cerca de 38 mil millones de pesos.

Mientras, en contraparte la estela de Luz se erige, impune, como un monumento a la frivolidad, al despilfarro y la corrupción, diversas organizaciones civiles han denunciado que la hambruna en la sierra Tarahumara ha llevado a la muerte por desnutrición a integrantes de esa comunidad indígena.
El veto a la resolución del Congreso denota la ausencia de una verdadera división de poderes y la unilateralidad con que se manejan las finanzas públicas del país, pero resulta más preocupante cuando se enfrenta una virtual emergencia nacional derivada del abandono del campo nacional. Se trata no solo de la pérdida de cosechas y de cientos de miles de cabezas de ganado, sino también de muertes de seres humanos, como se ha registrado en la Tarahumara, donde las comunidades indígenas, al igual que en otras regiones del país, enfrentan la peor crisis alimentaria de los últimos 80 años.

Diputado federal por el PRD

¿Qué es la Fundlocal?




En este espacio podrás encontrar información actualizada acerca de las actividades y el pensamiento de Alejandro Encinas Rodríguez, uno de los principales dirigentes de la izquierda mexicana.